Los ERTE se ampliarán a todo 2021 con incentivos para que las empresas recuperen y reactiven a sus trabajadores
Aunque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no lo concreta, se trataría de los ERTE ‘a la inversa’ que ya se aplicaron en verano.
Finalmente, habrá expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en todo 2021. Eso sí: la fórmula con la que se mantendrán a partir de junio será con mayores incentivos para las empresas que recuperen a trabajadores en ERTE para la actividad, aunque esto todavía no se ha pactado con patronal y sindicatos.
Así lo indica el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ que el Gobierno ha enviado a Bruselas y que incluye algunas adiciones respecto al texto que se dio a conocer hace unas semanas.
En él se indica que se establecerá «un mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores«.
Sin reunión
Cabe recordar que la última prórroga de los ERTE excepcionales por la Covid-19 caduca a finales de julio, y que la primera reunión para negociar su extensión con patronal y sindicatos ni siquiera se ha celebrado. De hecho, no tendrá lugar hasta el próximo jueves. El Gobierno se compromete con la UE a suprimir en 2022 «todas» las ayudas laborales activadas por la CovidAdemás, según la actualización del Programa de Estabilidad, se subirán los salarios públicos y las pensiones de acuerdo con el IPC.
Sin embargo, el Gobierno ha tomado la determinación de imponer los ERTE ‘a la inversa’. Es decir, que las empresas tengan más exoneraciones de cuotas sociales según incorporen a los trabajadores que mantienen en ERTE.
Esta fórmula es, precisamente, la que se empleó el verano pasado y la que han estado postulando tanto José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos. Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, se ha mostrado siempre cauta en esta cuestión y no se ha manifestado sobre su ‘formato’ de ERTE predilecto.
El Plan de Recuperación también precisa los compromisos fijos que el Ejecutivo se compromete a acometer antes de julio. «Lo más urgente es asegurar la formación y empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia, de cara a reducir el desempleo rápidamente (sobre todo juvenil) y eliminar los cuellos de botella para poder desplegar el Plan de Recuperación. Ello implica centrar los esfuerzos en el primer semestre en un Plan de choque contra el desempleo juvenil y «la modernización de las políticas activas de empleo, la digitalización y modernización del SEPE».
Reformas de mayor calado
Por otro lado, «en paralelo, se negociarían las reformas de mayor calado» con el Diálogo Social. En cinco elementos, concretamente. En dos de ellos, la negociación ya ha empezado, que es en la modernización de la negociación colectiva y en la reforma de la subcontratación. Primeros pasos, además, para el desguace de la reforma laboral.
Los procesos que no se han iniciado son los de la formulación de los ERTE coyunturales como «nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición», la simplificación de los contratos y la revisión de bonificaciones.
El Plan mantiene sus propuestas en el campo de las pensiones, con la hoja de ruta que ya se ha puesto sobre la mesa para su revalorización anual y la reforma del sistema público para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal.
En el campo fiscal se mantienen las incógnitas de la futura reforma impositiva, aunque el Ejecutivo sí que concreta una de sus medidas futuras. «Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)», indica el documento enviado a Bruselas.
Esto viene a significar que se suprimirán, de forma escalonada, las deducciones por tributación conjunta de las que disfrutan las parejas cuando declaran el IRPF. Este beneficio fiscal, que supone unos 3.400 euros por matrimonio, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), tiene un coste para el Estado de 2.393 millones de euros.
Fuente: supercontable.com